El cierre del Instituto de Agricultura Familiar genera preocupación en el interior santiagueño

La decisión del Gobierno nacional de disolver el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena comienza a generar repercusiones en distintas localidades del interior de Santiago del Estero, entre ellas la ciudad de Frías y su zona rural de influencia, donde numerosos pequeños productores dependían del acompañamiento técnico y territorial del organismo.

La medida, impulsada en el marco del plan de ajuste del presidente Javier Milei, implica la eliminación de alrededor de 900 cargos técnicos y administrativos en todo el país. Según datos oficiales, el Instituto contaba con casi mil empleados, 160 delegaciones y un presupuesto mensual cercano a los 9.000 millones de pesos, de los cuales el 85% se destinaba al pago de salarios.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que la estructura era “sobredimensionada” y que los recursos no se traducían en acciones concretas para el desarrollo productivo. Sin embargo, en provincias como Santiago del Estero el impacto de la disolución se siente con mayor fuerza, ya que el organismo tenía una presencia histórica en el acompañamiento a pequeños productores, comunidades campesinas e iniciativas rurales de subsistencia.

En la región de Frías, el Instituto cumplía un rol clave en la asistencia técnica, el fortalecimiento de emprendimientos familiares y la articulación con programas comunitarios. Productores del interior del departamento Choya y zonas rurales cercanas advierten que la ausencia de este tipo de políticas puede profundizar las dificultades del sector más vulnerable del campo, que no siempre accede a los beneficios del mercado ni a líneas de financiamiento privadas.

El cierre del organismo se da en un contexto de contrastes para el agro santiagueño. Mientras algunos sectores celebran el crecimiento de las exportaciones y buenas campañas agrícolas, otros enfrentan un escenario de incertidumbre ante la retirada del Estado nacional de áreas sensibles como la agricultura familiar.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron que las funciones consideradas estratégicas serán absorbidas por una estructura más reducida, con el objetivo de mejorar el control del gasto y evitar discrecionalidades. No obstante, en el interior persiste la preocupación por cómo se garantizará el acompañamiento en territorio y quién ocupará el lugar que deja el Instituto.

Para ciudades como Frías, donde el arraigo rural y la producción familiar siguen siendo parte fundamental del entramado social y económico, la decisión reabre un debate de fondo: cómo sostener el desarrollo del interior sin presencia efectiva del Estado nacional y con recursos locales limitados.

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