Caso Agostina Páez: se agrava la situación de la abogada santiagueña detenida en Brasil y una fundación pide su liberación

La situación judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña detenida en Brasil acusada de injuria racial, se complica con el correr de los días y ya se convirtió en un caso de fuerte trascendencia, no solo por su impacto mediático sino también por el debate internacional que abre en torno a derechos, garantías y proporcionalidad de las medidas cautelares.

A más de 20 días retenida en Río de Janeiro, con tobillera electrónica y sin autorización para regresar a la Argentina mientras continúa el proceso, en las últimas horas se conoció que la Fiscalía brasileña se sumó formalmente a las denuncias ya presentadas en su contra por un mozo y una cajera del local donde se originó el conflicto.

El hecho ocurrió el pasado 16 de enero, tras un incidente en un bar de Ipanema, y desde entonces la causa avanzó con rapidez. De acuerdo a la postura del Ministerio Público Fiscal, Páez “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido” y habría mantenido una conducta “discriminatoria y ofensiva”, por lo que se solicitó incluso la prisión preventiva.

Según trascendió en medios brasileños, la acusación se apoya en testimonios de empleados del establecimiento, respaldados por testigos y por imágenes de cámaras de seguridad que ya fueron incorporadas al expediente. En ese marco, los fiscales también rechazaron el descargo de la santiagueña, quien sostuvo que lo ocurrido fue parte de una “broma” y que la discusión se originó por un supuesto cobro indebido de consumos.

Sin embargo, el caso sumó un nuevo capítulo: la Fundación Apolo, una ONG, emitió un comunicado en el que pidió la liberación inmediata de Páez y reclamó la intervención activa de la Cancillería Argentina.

Desde la entidad consideraron que la imputación y las medidas restrictivas aplicadas por el sistema penal brasileño serían desproporcionadas, señalando que no existiría condena firme y que no se evaluaron alternativas menos gravosas. Además, remarcaron la condición de mujer extranjera de la imputada, lo que —según sostienen— debió ser contemplado en el análisis de la causa.

En el mismo comunicado, la Fundación destacó la existencia de registros fílmicos previos al estallido del conflicto, donde uno de los empleados del lugar habría realizado gestos obscenos hacia Páez y su acompañante, conducta que, según cuestionan, no habría sido ponderada con el mismo peso por las autoridades.

En ese sentido, plantearon que la abogada habría sido víctima inicial de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, por lo que su reacción posterior estaría siendo analizada fuera de contexto, “invirtiendo” los roles de víctima y victimaria.

Otro punto fuerte del reclamo fue la crítica al uso del caso con fines de “ejemplaridad”, señalando que fuerzas de seguridad brasileñas habrían difundido imágenes o mensajes del hecho en redes sociales oficiales, lo que —según la ONG— podría reforzar una lógica de estigmatización incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Por todo ello, la entidad solicitó que la Cancillería argentina ejerza plenamente la protección consular y evalúe incluso un reclamo diplomático ante el Estado brasileño, con el objetivo de revisar las medidas cautelares y permitir que Páez pueda continuar el proceso judicial desde la Argentina.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando en Río de Janeiro y la santiagueña permanece bajo control judicial, en un caso que ya genera repercusión nacional y que mantiene en vilo a Santiago del Estero por el impacto social, mediático y jurídico que podría tener su desenlace.