Conflicto entre el Gobierno nacional y la AFA: situación judicial y derivaciones políticas
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una etapa de fuerte judicialización y repercusiones políticas, tras una serie de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo contra la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Lo que inicialmente se presentó como un control administrativo derivó en denuncias penales, intimaciones contables y presentaciones ante organismos internacionales del fútbol.
En las últimas semanas, el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó tanto a la AFA como a la Liga Profesional de Fútbol a presentar documentación contable y financiera correspondiente a varios ejercicios. Los requerimientos incluyen balances desde 2017 hasta 2025, información sobre asambleas realizadas fuera de la Ciudad de Buenos Aires y documentación vinculada a la Universidad de la AFA (UNAFA), como estatutos, actas constitutivas, convenios académicos y detalles patrimoniales.
De manera paralela, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes previsionales. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 5 y abarca montos que superarían los $19.000 millones, correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025. Las irregularidades investigadas estarían relacionadas con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social.
En el plano judicial, también avanzan investigaciones en otros fueros. Una causa radicada en el Juzgado Penal Económico N.º 10 analiza operaciones vinculadas a la firma Real Central SRL y presuntos testaferros, además de contrataciones directas realizadas por la AFA, entre ellas las relacionadas con la implementación del sistema VAR. En tanto, en la Justicia Federal de Lomas de Zamora se investiga un presunto esquema de retornos y triangulación financiera que involucraría a varios clubes del fútbol argentino.
A estas acciones se sumó una presentación del Gobierno argentino ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL, en la que se solicitó una investigación preliminar por supuestas violaciones a normas de ética y gobernanza. El planteo apunta a integrantes de la conducción de la AFA y se enmarca en los estándares exigidos a las federaciones afiliadas.
Desde la AFA, las autoridades rechazaron las acusaciones y sostienen que las medidas oficiales constituyen una persecución política. Además, señalaron que el trasfondo del conflicto estaría vinculado al debate sobre el modelo de gestión del fútbol argentino y a la eventual promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa impulsada por sectores del oficialismo.
En el ámbito político, el conflicto también se relaciona con investigaciones abiertas por presunto espionaje ilegal y con la difusión de audios que involucraron a funcionarios nacionales, hechos que actualmente se encuentran bajo análisis judicial. Estas causas ampliaron el alcance del enfrentamiento y profundizaron la tensión entre el Poder Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino.
Mientras tanto, las distintas actuaciones continúan su curso en los tribunales, con disputas de competencia, pedidos de documentación y medidas en evaluación, en un escenario que mantiene abierta la controversia entre dos de los actores institucionales más influyentes del país.
