Crece la preocupación por los pasajes gratuitos: el Gobierno dejará de compensar a las empresas de larga distancia
Una medida del Gobierno nacional encendió la alarma entre miles de familias argentinas que dependen del transporte gratuito para acceder a tratamientos médicos, controles y asistencia en otras provincias. A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte oficializó la eliminación del sistema de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de colectivos de larga distancia por los boletos gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con cáncer.
Aunque desde Nación aclararon que el derecho al pasaje gratuito continuará vigente, la decisión genera incertidumbre y preocupación en distintos sectores, ya que las empresas deberán seguir otorgando los boletos sin recibir reintegros económicos por parte del Estado.
La medida deja sin efecto un régimen implementado desde 2018, que permitía compensar parcialmente a las compañías por los viajes gratuitos contemplados en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674. Estas normativas protegen a personas con condiciones de salud especiales y garantizan el acceso al transporte para tratamientos, controles médicos y derivaciones.
Desde el Gobierno argumentaron que el nuevo escenario del transporte interjurisdiccional cambió con la aplicación del Decreto 883/2024, que desreguló parcialmente el sistema y permitió a las empresas definir libremente recorridos, tarifas y modalidades de servicio. Según la Secretaría de Transporte, ese nuevo marco hace “innecesario” continuar con el esquema de compensaciones.
Sin embargo, la noticia despertó preocupación entre usuarios, asociaciones civiles y familiares de pacientes, quienes temen que la falta de subsidios termine dificultando el acceso efectivo a los pasajes gratuitos. En muchas provincias del interior, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros de salud, miles de personas dependen exclusivamente de estos beneficios para viajar hacia hospitales especializados de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán o Rosario.
En provincias como Santiago del Estero, donde numerosos pacientes deben trasladarse largas distancias para tratamientos oncológicos, controles complejos o trasplantes, la incertidumbre crece sobre cómo reaccionarán las empresas ante la quita de compensaciones estatales.
La resolución establece además que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo el organismo encargado de controlar que las compañías cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos. También se incorporó una cláusula transitoria para resguardar trámites y situaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia de la medida.
Mientras tanto, organizaciones vinculadas a la discapacidad y a pacientes oncológicos advierten que el verdadero desafío será garantizar que el derecho no quede solamente escrito en una ley, sino que pueda seguir ejerciéndose de manera real y sin obstáculos burocráticos.
