Frías: un aberrante caso sacude a la ciudad y expone una alarmante realidad social

La ciudad de Frías se encuentra conmocionada por un grave caso que involucra a dos menores de edad y que actualmente es investigado por la Justicia de Choya y Guasayán. El hecho no solo generó indignación por la gravedad de la denuncia, sino también por el trasfondo social y humano que quedó expuesto tras la intervención policial y judicial.

La causa está a cargo de la fiscal Dra. Rocío Fringes y se inició luego de que una mujer denunciara que sus hijos, de apenas 5 y 7 años, habrían sido grabados por dos mujeres a cambio de dinero.

Según se informó, todo salió a la luz cuando los pequeños regresaron a su vivienda con una suma de 6 mil pesos. Alarmada, la madre comenzó a preguntarles cómo habían obtenido ese dinero y los niños terminaron confesando que “unas mujeres les pagaron para grabarlos”.

De acuerdo con la investigación, las acusadas —una joven de 29 años y otra de 17, ambas domiciliadas en Frías— les habrían pedido a los menores que realizaran tocamientos mientras eran filmados. El material luego habría sido compartido en un grupo de WhatsApp, situación que agravó aún más el caso y derivó en una inmediata denuncia penal.

Por disposición de la Fiscalía, ambas sospechosas fueron detenidas e imputadas en el marco de una causa por presunta promoción y facilitación de la prostitución.

Durante sus declaraciones, las acusadas sostuvieron que la grabación tenía como finalidad “mostrar la situación social de los menores”. Sin embargo, la Justicia continúa recolectando pruebas y ordenó pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados, además del análisis del grupo de WhatsApp donde se habría difundido el video.

En paralelo, los niños fueron entrevistados mediante Cámara Gesell, procedimiento clave para avanzar en la investigación preservando la integridad de las víctimas.

En una audiencia realizada en el Centro Judicial de Frías, la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Cejas Ramírez, resolvió conceder la libertad a la mujer de 29 años bajo estrictas medidas de conducta, mientras que la menor quedó alcanzada por el régimen penal juvenil.

Uno de los puntos que más preocupación generó fue el informe socioambiental realizado por efectivos policiales en el entorno familiar de los menores. Vecinos aseguraron que los niños “suelen andar gran parte del día en la calle” y advirtieron sobre situaciones de vulnerabilidad que ahora son analizadas por los organismos competentes.

Ante este escenario, la magistrada ordenó la intervención de Dinaf y Subnaf, además de asistencia psicológica para los menores.

El caso provocó un fuerte impacto en la comunidad friense, donde vecinos y referentes sociales expresaron preocupación por el nivel de vulnerabilidad infantil y por la creciente naturalización.