Insólito caso judicial: una santiagueña pide que Tucumán se aparte y que Buenos Aires la juzgue por un “combo” de contrabando
La influencer santiagueña Valentina Olguín vuelve a ocupar titulares por un caso judicial tan complejo como inusual. Fue nuevamente indagada en Tucumán por el delito de “contrabando simulado en concurso real”, una figura agravada que podría marcar un precedente. Su defensa pidió que la Justicia tucumana se declare incompetente y que la causa pase a Buenos Aires, donde residen tanto la imputada como la mayoría de los damnificados institucionales.
El expediente, que ya se convirtió en una rareza dentro del ámbito judicial argentino, involucra el uso indebido de CUIT pertenecientes a cinco gobernadores en ejercicio: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Un “combo” de identidades oficiales
Según la investigación del fiscal federal Agustín Chit, Olguín habría utilizado los datos personales de los mandatarios para comprar ropa en Estados Unidos a través de la tienda online “Revolve”, ingresando luego la mercadería al país bajo el régimen Courier, sin declarar su verdadero origen.
El caso comenzó el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo denunció que su CUIT había sido usado para realizar operaciones internacionales por un total de U$S 1.281,45. Pronto, la investigación se amplió al descubrirse compras realizadas con los datos de otros mandatarios, configurando un inusitado patrón de fraude entre provincias.
El operativo y las pruebas
El 12 de diciembre de 2024, la Policía Federal Argentina allanó el domicilio de Olguín, en el barrio de Núñez (Buenos Aires). Allí secuestraron U$S 16.646 en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora, cámaras digitales y numerosas bolsas con prendas nuevas de la marca Revolve, junto a documentación de FedEx que confirmaría la operatoria.
En total, se detectaron 16 compras efectuadas en EE.UU.:
- 5 con el CUIT de Jaldo (Tucumán),
- 5 con el de Ziliotto (La Pampa),
- 4 con el de Kicillof (Buenos Aires),
- 1 con el de Frigerio (Entre Ríos),
- 1 con el de Orrego (San Juan).
Un conflicto de competencias
La defensa, a cargo de los abogados Claudia Paz y Juan Tiberio, solicitó que Tucumán se aparte del expediente y que el caso sea absorbido por la Justicia Federal de Buenos Aires, alegando que allí se concentran la mayoría de los hechos y la residencia de la imputada.
No obstante, el fiscal Chit sostiene su competencia, lo que abre la puerta a un conflicto judicial entre provincias que podría terminar siendo resuelto por la Corte Suprema o la Cámara de Casación Penal.
Una causa sin precedentes
Más allá del monto del perjuicio económico, el expediente es visto por especialistas como una “rareza jurídica”. No existen antecedentes en el país de una persona acusada de usar simultáneamente los datos fiscales de varios gobernadores para operaciones internacionales.
El caso Olguín se convirtió, así, en una trama insólita que mezcla moda, política y tecnología, con un ingrediente poco habitual: una santiagueña enfrentando a cinco provincias y pidiendo que la juzgue Buenos Aires.
“Es un caso que desborda lo ordinario. No sólo por el delito, sino por quiénes resultaron damnificados y cómo se cruzan las jurisdicciones”, evaluó una fuente judicial.
Mientras tanto, Valentina Olguín permanece en libertad, aunque con un frente judicial cada vez más complicado y bajo la lupa de todo el país.
