Respaldo legislativo al proyecto contra la “pornovenganza” y fuerte apoyo a la iniciativa de Zamora
La Legislatura de Santiago del Estero expresó su respaldo al proyecto de ley impulsado por el senador nacional Gerardo Zamora que busca penalizar la difusión no consentida de contenidos íntimos, una práctica conocida como “pornovenganza” o violencia digital. El pronunciamiento se dio en el marco de una sesión en la que los legisladores manifestaron su beneplácito ante una iniciativa que apunta a cubrir un vacío legal y brindar mayor protección a las víctimas.
Durante el debate, se remarcó la necesidad de avanzar en herramientas normativas que respondan a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, especialmente frente al creciente número de casos de exposición digital sin consentimiento. En ese sentido, los parlamentarios coincidieron en que el proyecto constituye un paso clave para garantizar el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas.
La iniciativa presentada por Zamora en el Congreso de la Nación propone incorporar al Código Penal sanciones específicas para quienes difundan, divulguen o publiquen imágenes o contenidos sexuales sin autorización de la persona involucrada, incluso cuando ese material haya sido obtenido en un contexto privado y con consentimiento previo. Asimismo, contempla el agravamiento de penas en situaciones donde se vulnera la expectativa de intimidad de la víctima, y establece sanciones para quienes utilicen este tipo de material como mecanismo de extorsión.
El proyecto retoma una agenda legislativa iniciada por la ex senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, cuya propuesta había obtenido media sanción unánime en el Senado en 2020, aunque posteriormente perdió estado parlamentario al no ser tratada en la Cámara de Diputados.
Desde la Legislatura santiagueña subrayaron que este tipo de iniciativas resulta fundamental en un contexto donde las formas de violencia se trasladan cada vez más al ámbito digital, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes. En ese marco, destacaron la importancia de actualizar la legislación vigente para acompañar los cambios sociales y tecnológicos, y ofrecer respuestas concretas ante problemáticas que generan graves consecuencias personales, sociales y profesionales.
El respaldo institucional de la provincia se suma así al impulso nacional que busca reinstalar el debate en el Congreso y avanzar en la sanción de una norma que brinde seguridad jurídica y protección efectiva frente a la violencia digital.